Resumen: En un momento en que se avecina una ola de impagos, las instituciones financieras internacionales deberían resistirse a los llamamientos a favor de un alivio general de la deuda cuando hay poco margen para mejorar la gobernanza y, por consiguiente, para mejorar la capacidad crediticia de los países deudores. Los acreedores privados deberían insistir en criterios estrictos para vincular las cancelaciones de la deuda con políticas de desarrollo inclusivas. Hasta ahora, la reducción de la deuda no ha distinguido a los países en desarrollo beneficiarios en función de su desempeño en materia de políticas sostenibles. Tampoco han tenido en cuenta los compromisos para mejorar la gobernanza, a pesar de los requisitos de los programas de reducción de la pobreza en los que participa la sociedad civil. Además, con la actual pandemia mundial, las ONG piden que se desvinculen el alivio de la deuda y las condiciones de los países en desarrollo para que las cancelaciones de la deuda se entreguen inmediatamente sin criterios de rendimiento o registro de logros. En realidad, la pobreza siempre debería ser una condición necesaria para el alivio de la deuda, pero nunca suficiente. Dado que actualmente se está debatiendo una nueva legislación para facilitar los acuerdos de reestructuración de la deuda, que se reduce a una torsión legal con las instituciones financieras privadas, el hecho de centrarse en una distribución justa de la carga entre los acreedores oficiales y privados ejerce una presión cada vez mayor sobre los bancos. Se debería utilizar una serie de instrumentos financieros para vincular el alivio de la deuda con mayores compromisos de gobernanza, incluidos los canjes de deuda y el reciclaje supervisado del alivio del servicio de la deuda en proyectos sociales de alta prioridad. El alivio de la deuda puede y debe ser una palanca para mejorar las perspectivas de desarrollo sostenible. La crisis pandémica ofrece la oportunidad perfecta.